Es el vínculo oficial entre el Sistema Estatal Anticorrupción y la ciudadanía de Quintana Roo. El CPC tiene las facultades legales de proponer políticas públicas anticorrupción, metodologías, indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del Sistema. Trabaja en colaboración con el Comité Coordinador para asegurar que las demandas de la sociedad civil sean traducidas en políticas públicas efectivas.

Está integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos destacados que se han distinguido por su trayectoria en materia de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización o combate a la corrupción. Son elegidos de manera escalonada por una Comisión de Selección independiente tras una convocatoria pública y abierta a nivel estatal.

El CPC no es una oficina de gobierno tradicional, no es un órgano con facultades de auditoría penal o sancionatoria directa, y no investiga delitos ni impone multas por sí mismo. Su rol es estratégico y preventivo: proponer lineamientos institucionales, coordinar contralorías sociales y articular la participación ciudadana para blindar a las instituciones públicas de actos corruptos.